Brasil se enfrenta por primera vez a los generales golpistas

Jair Bolsonaro, el extremista de derecha que gobernó Brasil de 2019 a 2022, está en el banquillo de los acusados. Que este día haya llegado es una enormidad. Pero esta no es la noticia más importante. La grandeza de este momento es que, además de dos civiles, a Bolsonaro le acompañan tres generales, un almirante y un teniente coronel. En Brasil, la República arrancó a la fuerza con un golpe militar, que derrocó al emperador Pedro II en 1889. Esta gestación en los cuarteles determinó su ADN y, desde entonces, Brasil ha vivido golpes e intentonas que culminaron con la invasión y destrucción de la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia el 8 de enero de 2023, tras la investidura de Lula da Silva. Generaciones de brasileños murieron antes de ver esta escena: militares de gran calibre siendo juzgados por golpistas por un tribunal civil. Por fin lo presenciamos. No es poca cosa en un mundo en el que avanza la extrema derecha y Donald Trump vuelve a ser presidente tras instigar el asalto al Capitolio.

Junto a Bolsonaro, la Suprema Corte de Brasil juzga a los exministros y generales del Ejército Augusto Heleno, Walter Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira, así como al excomandante de la Marina y almirante de la Flota Almir Garnier y al teniente coronel del Ejército Mauro Cid, que delató la trama golpista tras ser detenido. También hay dos civiles, el exministro Anderson Torres, en cuya casa se encontró la minuta del golpe, y el diputado federal y exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia Alexandre Ramagem. Los ocho están acusados de los delitos de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, daños agravados al patrimonio público y deterioro de patrimonio protegido. Es probable que las sentencias se dicten este año, antes de que comience 2026, que trae consigo unas elecciones presidenciales en las que la extrema derecha tiene una posibilidad considerable de volver al poder, incluso sin Bolsonaro.

Este juicio no resuelve ni por asomo la relación tóxica que los militares mantienen con la sociedad civil. Pero, para un país tan sometido a los cuarteles, es un comienzo. En Brasil, los militares se han pasado más de 130 años de República creyendo y actuando como si les correspondiera fiscalizar el ejercicio del poder e intervenir siempre que fuera necesario, planeando por encima de la democracia y de la sociedad y no al servicio de ambas. En 1964 dieron un golpe de Estado con el apoyo mayoritario de empresarios y terratenientes. Tras 21 años de dictadura en los que secuestraron, torturaron y ejecutaron a opositores, dejaron el poder en 1985 y nunca han respondido por sus crímenes. Esta certeza de impunidad marca también a las policías militares que operan en todo el país y deja un rastro anual de muertos, la mayoría personas negras y pobres. Esta subordinación a los uniformados ha corrompido la democracia brasileña.

Todavía es pronto para saber el efecto que producirá el juicio de los generales en un país que nunca ha visto tal cosa. Aunque el momento es grandioso, es solo una pequeña parte de la lucha. La extrema derecha sigue firme y fuerte en Brasil, como en gran parte del mundo. El bolsonarismo siempre fue mayor que Bolsonaro y sigue muy activo en grandes partes de la población brasileña, con mucha presencia entre los que más necesitan el Estado que la extrema derecha quiere usurpar. Un análisis del diario O Globo mostró que el perfil predominante de las 1.586 personas imputadas por el golpe es: hombre blanco, casado, de bajos ingresos y menor de 60 años. La mayoría de los acusados no fueron a la universidad y cobran menos de 500 euros al mes. Todo lo que representa esta masa de reos anónimos que creen que destruir la democracia es lo mejor para su vida estará en el centro de la disputa en las elecciones de 2026.